Después de la segunda guerra mundial, el tema del desarrollo económico tomo un papel preponderante en la vida de los países que buscaban acelerar su crecimiento. De esa manera se comenzaron a formular modelos de estrategias de desarrollo que involucraban transformaciones estructurales, en las que el Estado era el promotor de la planeación o programación del desarrollo.
Para Meier y Stiglitz (2001), dicho proceso culminó con la crisis de los años 70, que impulsó a una nueva generación de economistas neoclásicos. Una característica interesante que surge en dicha década es la preocupación por los aspectos éticos de la actividad económica; aspectos como la equidad intergeneracional, que fue estudiada por Solow en 1974, posteriormente por Hartwick en 1977, Dasgupta y Heal en 1979 y Howart y Norgaard en 1995. La equidad intergeneracional es el derecho que tienen las futuras generaciones de beneficiarse de los recursos artificiales y naturales, que la generación presente explota; de esa manera, según Hartwick debe buscarse que el consumo per-cápita sea constante en el tiempo, de tal manera que se inviertan las ganancias de los recursos naturales explotados para generar otros tipos de capital. Esto es el fundamente económico de las regalías mineras en el marco del desarrollo sostenido.
La regalía minera queda conceptualizada y determinada en el año 2004, con la Ley Nº 28258, Ley de Regalía Minera, que implicó el primer paso para el sostenimiento de la actividad minera en el tiempo. Sin embargo, para autores como Manco y Orihuela, las regalías mineras se encuentran por debajo de su valor óptimo, y su impacto no ha sido fundamental en el nivel de ingresos del Estado.
El impacto que debía tener las transferencias económicas de las empresas mineras hacia los gobiernos locales y regionales no ha generado el apalancamiento para el desarrollo. Más todo lo contrario, el impacto de la actividad minera ha generado pasivos ambientales que no han sido asumidos, de tal manera que ha generado el resentimiento de las comunidades que albergan a dicha actividad (Kuramoto, 2005). Un claro ejemplo ha sido el caso de Puno, en el que el problema transcendió el plano económico y se torno político.
Una pregunta que surge en este contexto, es ¿si la minería es tan rentable y genera tantos beneficios como se menciona, cómo es posible que las comunidades estén en contra? Para Kuramoto (2005), la respuesta podría ser muy sencilla, ya que a pesar de los grandes beneficios que se menciona, aún las comunidades que albergan a dicha actividad siguen siendo pobres, olvidadas y que compiten por los recursos naturales con las empresas mineras.
En este contexto, el análisis de la regalía minera es mucho más complejo e implica un conjunto de políticas que articulen aspectos económicos y sociales, en base a aspectos coyunturales y estructurales.
Los problemas que abarca la regalía minera se encuentran en el plano económico y político. Por el lado económico, la regalía minera presenta un problema cuantitativo y cualitativo ya que no representa sostenibilidad intergeneracional; esto combinado con la falta de gestión económica de las transferencias hace que el impacto sea ínfimo. La falta de voluntad política genera el concepto de Estado ausente, que no vela por los problemas de los ciudadanos, totalmente imprudente e inoportuno en momentos cruciales.